No debería ser el enemigo.

Lo primero, el dato: 110.000 millones de euros al año, lo que incluye pensiones de jubilación (unos 62.000 millones), pensiones de viudedad, (unos 9000 millones), pensiones no contributivas (unos 15.000 millones) y otras, como las de  invalidez, etc.

Así las cosas, y con la calculadora en la mano, parece que empeñarse en no tocar esta partida es querer meternos a todos en discusiones sobre lo minúsculo, porque lo mayúsculo queda fuera del debate, como si fuera cuestión religioso.

Y conste que no soy partidario de recortar las pensiones, ni mucho menos, pero creo que hay que debatirlo todo o nunca saldremos de esta. Hay que debatir, por ejemplo, por qué se han subido siempre las pensiones mínimas (de los que cotizaron menos) y las no contributivas (de los que no cotizaron) en perjuicio de los que se tiraron la vida entera pagando, que son los que han gvisto menores incrementos o congelaciones incluso.

Como hay quien lo explica mejor que yo, os dejo con un artículo de F. Nuñez, publicado por FUNCAS en 2007. Ya llovió un poco desde entonces, pero es que aquellas lluvias son las que están formando estos lodos:

Independientemente de la situación actual, la pregunta que debería formularse a la clase política sobre la situación de la Seguridad Social es la siguiente: ¿Cuál sería el superávit real de la caja de las pensiones si no se hubieran empleado sus recursos para ganar elecciones, para favorecer la convergencia española con la UE o para financiar partidas de gasto del Estado?

En un estudio realizado en 2007 sobre el actual sistema y las reformas que habría que realizar (publicado por Funcas), Javier Alonso Meseguer, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, señala que habría que hacer frente «al problema de que los continuos superávits generados por el sistema de pensiones en los pasados 30 años no han sido capitalizados hasta fechas muy recientes».  Es decir, realmente la caja de las pensiones lleva registrando beneficios desde hace más de tres décadas, pero sólo se han computado los obtenidos desde 1999.
Según Alonso, el Fondo de Reserva, creado a partir de este último año, debería representar el 34,33% del PIB de 2004.  Sin embargo, «sólo ha alcanzado 4,14%», es decir, más de treinta puntos menos.  Por tanto, a esa fecha, el superávit real de las pensiones debería haber sido de 309.000 millones de euros y, sin embargo, a finales de 2008 sólo alcanzó, después de 10 continuados de beneficios oficiales, los 57.000 millones, es decir, casi seis veces menos.
¿Qué ha pasado?  Alonso lo señala también en este estudio.  «Todo ello es debido a que, en el pasado, los excedentes derivados de la buena coyuntura demográfica y del mercado de trabajo fueron gastados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, dejando sin provisionar los derechos a que dieron lugar (el cobro de la pensiones futuras)».
Es decir, la caja de las pensiones, que supuestamente sólo pertenece a los cotizantes, ha sido mangoneada por todos los gobiernos.
Por ejemplo, en 1989 el PSOE decidió que la sanidad debería ser universal (para el conjunto de todos los españoles), cotizasen o no.  Desde ese año, y progresivamente hasta 1997, ya con el PP en el poder, la caja de las pensiones pagó la factura de este servicio.
Ese dinero debería haber procedido de los Presupuestos Generales del Estado, que se financian con los ingresos de los impuestos que pagan todos los españoles.  Esto quiere decir que, una decisión política, indudablemente con rédito electoral, cayó sobre los hombros de sólo unos cuantos, es decir, de los cotizantes de la Seguridad Social.  Y no así, por ejemplo, del sistema cuasi privado de los funcionarios (clases pasivas), que tienen caja propia y separada de la de los trabajadores privados, o de las de diferentes mutualidades, como los colegios profesionales de abogados, arquitectos o incluso públicas como la de los miembros de la judicatura (magistrados).
Esta utilización proporcionó un déficit continuado del sistema de pensiones y una deuda histórica (que todavía existe y que supera los 3.000 millones de euros).
Es lo que se encontró el PP al llegar al poder.  No había dinero ni para pagar las pensiones y tuvo que diligenciar un crédito a Hacienda para pagar las prestaciones.
Pero, tras llegar a La Moncloa, y en pleno desarrollo del Pacto de Toledo (suscrito por todos los grupos políticos y sindicatos), los populares también utilizaron la caja de las pensiones para favorecer la convergencia española a la UE.
Resulta que el PSOE se había inventado (con el apoyo de los demás partidos) un complemento a mínimos para las pensiones más bajas con el que garantizar que las cotizaciones más bajas percibieran al menos el Salario Mínimo sin haber causado derecho.  Esta decisión política, que debería ser sufragada con los presupuestos del Estado y los ingresos de todos, se cargó también a la caja de las pensiones.  Sin embargo, el Gobierno del PSOE abonaba en 1996, vía transferencia presupuestaria, el 38% de ese coste (232.000 millones de pesetas frente a un gasto de 604.000 millones).  ¿Qué hizo el PP?  Bajó esta aportación en 1997 a 16.000 millones de pesetas, es decir, al 2,6% del coste total para facilitar el ajuste contable de la convergencia europea.  Por tanto, le enchufó a las pensiones un gasto de casi 600.000 millones de pesetas más por año.
Y este gasto ha venido castigando las arcas de las pensiones incluso con la llegada de Zapatero, aunque se ha venido atenuando, ya que en 2000 se acordó con CCOO (UGT no participó) que ese complemento a mínimos debería ser financiado en su integridad por el Estado y no por los pensionistas privados en un plazo de 12 años (hasta 2012).
¿Qué ocurre en la actualidad?  Pues que todavía ese complemento a mínimos cuesta más de 5.000 euros al año y el Estado sólo aporta 2.406 millones, menos de la mitad.
Por si fuera poco, Zapatero ha subido las pensiones mínimas (más de un 30% en la última legislatura) por compromiso electoral.  Lo que significa que, independientemente de que favorece a los que tienen menor carrera de cotización porque les es más rentable incluso no cotizar al tener garantizada una pensión sin esfuerzo y que se revaloriza más que las demás, carga más gastos al sistema de pensiones.  Esta decisión también debería ser pagada con los presupuestos.
A este elenco de utilización de la liquidez de la Seguridad Social habría que sumar también que más de una docena de los grandes hospitales que ahora gestionan las autonomías (y ambulatorios) son de los pensionistas y, sin embargo, no pagan un euro de alquiler a sus propietarios, que necesitan ingresos para garantizarse su futuro.

Independientemente de la situación actual, la pregunta que debería formularse a la clase política sobre la situación de la Seguridad Social es la siguiente: ¿Cuál sería el superávit real de la caja de las pensiones si no se hubieran empleado sus recursos para ganar elecciones, para favorecer la convergencia española con la UE o para financiar partidas de gasto del Estado?
En un estudio realizado en 2007 sobre el actual sistema y las reformas que habría que realizar (publicado por Funcas), Javier Alonso Meseguer, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, señala que habría que hacer frente «al problema de que los continuos superávits generados por el sistema de pensiones en los pasados 30 años no han sido capitalizados hasta fechas muy recientes».  Es decir, realmente la caja de las pensiones lleva registrando beneficios desde hace más de tres décadas, pero sólo se han computado los obtenidos desde 1999.
Según Alonso, el Fondo de Reserva, creado a partir de este último año, debería representar el 34,33% del PIB de 2004.  Sin embargo, «sólo ha alcanzado 4,14%», es decir, más de treinta puntos menos.  Por tanto, a esa fecha, el superávit real de las pensiones debería haber sido de 309.000 millones de euros y, sin embargo, a finales de 2008 sólo alcanzó, después de 10 continuados de beneficios oficiales, los 57.000 millones, es decir, casi seis veces menos.
¿Qué ha pasado?  Alonso lo señala también en este estudio.  «Todo ello es debido a que, en el pasado, los excedentes derivados de la buena coyuntura demográfica y del mercado de trabajo fueron gastados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, dejando sin provisionar los derechos a que dieron lugar (el cobro de la pensiones futuras)».
Es decir, la caja de las pensiones, que supuestamente sólo pertenece a los cotizantes, ha sido mangoneada por todos los gobiernos.
Por ejemplo, en 1989 el PSOE decidió que la sanidad debería ser universal (para el conjunto de todos los españoles), cotizasen o no.  Desde ese año, y progresivamente hasta 1997, ya con el PP en el poder, la caja de las pensiones pagó la factura de este servicio.
Ese dinero debería haber procedido de los Presupuestos Generales del Estado, que se financian con los ingresos de los impuestos que pagan todos los españoles.  Esto quiere decir que, una decisión política, indudablemente con rédito electoral, cayó sobre los hombros de sólo unos cuantos, es decir, de los cotizantes de la Seguridad Social.  Y no así, por ejemplo, del sistema cuasi privado de los funcionarios (clases pasivas), que tienen caja propia y separada de la de los trabajadores privados, o de las de diferentes mutualidades, como los colegios profesionales de abogados, arquitectos o incluso públicas como la de los miembros de la judicatura (magistrados).
Esta utilización proporcionó un déficit continuado del sistema de pensiones y una deuda histórica (que todavía existe y que supera los 3.000 millones de euros).
Es lo que se encontró el PP al llegar al poder.  No había dinero ni para pagar las pensiones y tuvo que diligenciar un crédito a Hacienda para pagar las prestaciones.
Pero, tras llegar a La Moncloa, y en pleno desarrollo del Pacto de Toledo (suscrito por todos los grupos políticos y sindicatos), los populares también utilizaron la caja de las pensiones para favorecer la convergencia española a la UE.
Resulta que el PSOE se había inventado (con el apoyo de los demás partidos) un complemento a mínimos para las pensiones más bajas con el que garantizar que las cotizaciones más bajas percibieran al menos el Salario Mínimo sin haber causado derecho.  Esta decisión política, que debería ser sufragada con los presupuestos del Estado y los ingresos de todos, se cargó también a la caja de las pensiones.  Sin embargo, el Gobierno del PSOE abonaba en 1996, vía transferencia presupuestaria, el 38% de ese coste (232.000 millones de pesetas frente a un gasto de 604.000 millones).  ¿Qué hizo el PP?  Bajó esta aportación en 1997 a 16.000 millones de pesetas, es decir, al 2,6% del coste total para facilitar el ajuste contable de la convergencia europea.  Por tanto, le enchufó a las pensiones un gasto de casi 600.000 millones de pesetas más por año.
Y este gasto ha venido castigando las arcas de las pensiones incluso con la llegada de Zapatero, aunque se ha venido atenuando, ya que en 2000 se acordó con CCOO (UGT no participó) que ese complemento a mínimos debería ser financiado en su integridad por el Estado y no por los pensionistas privados en un plazo de 12 años (hasta 2012).
¿Qué ocurre en la actualidad?  Pues que todavía ese complemento a mínimos cuesta más de 5.000 euros al año y el Estado sólo aporta 2.406 millones, menos de la mitad.
Por si fuera poco, Zapatero ha subido las pensiones mínimas (más de un 30% en la última legislatura) por compromiso electoral.  Lo que significa que, independientemente de que favorece a los que tienen menor carrera de cotización porque les es más rentable incluso no cotizar al tener garantizada una pensión sin esfuerzo y que se revaloriza más que las demás, carga más gastos al sistema de pensiones.  Esta decisión también debería ser pagada con los presupuestos.
A este elenco de utilización de la liquidez de la Seguridad Social habría que sumar también que más de una docena de los grandes hospitales que ahora gestionan las autonomías (y ambulatorios) son de los pensionistas y, sin embargo, no pagan un euro de alquiler a sus propietarios, que necesitan ingresos para garantizarse su futuro.”